Santo Domingo.-Un empresario español solicitó este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que detengan un abuso que se ha cometido en su contra por parte de una expareja, con la que tiene un hijo y le ha intervenido varios bienes de forma alegadamente injustificada, que incluyen un apartamento penthouse en el sector de Bella Vista , una yipeta Porshe Cayene, y que le ha impedido ver al hijo.

El inversionista español Cristóbal Calla Solano, a través de sus abogados Leanmy Jackson López y Carlos Eduardo Tavárez Guerrero, demanda de las autoridades el cese de los alegados abusos cometidos por la señora Stephanie Marie de los Santos Silva, con quien estuvo una relación sentimental de más de un año, y de la que procrearon un niño.

Los representantes legales del empresario español aducen que la señora Santo Silva quiere despojar a su cliente de bienes muebles e inmuebles que de forma ilegal, como es un apartamento penthouse de tres pisos ubicados en el sector de Bella Vista, y que a pesar de haber un archivo de una querella interpuesta, que descarta todo tipo de violencia en su contra, la persona amenaza con continuar el caso en la prensa con el interés de revertir la decisión.

Refieren que a pesar de la corta duración de la pareja, a la señora no le corresponde el lujoso apartamento de esa zona exclusiva de la capital.

“Cómo moneda de cambio, ella usa el hijo común de ambos y no le permite verlo, por lo que nuestro defendido ha tenido que acudir a los tribunales en procura de un régimen de visitas”, refirió la abogada Jackson López, quien leyó la instancia durante una rueda de prensa en la explanada frontal de la PGR.

Los abogados señalaron que la señora Santo Silva también lo quiere despojar de una yipeta Porshe Cayene, le exige una pensión alimentaria para el niño de 375 mil pesos y que en la actualidad tiene embargadas todas sus cuentas bancarias.

“En ese sentido, nuestro representado solicita la intervención de todas las autoridades dominicanas, a fin de que paren los abusos y chantaje en contra de este empresario español, y que los jueces sean justos y equilibrados a la hora de tomar decisión, sin que se permita abusos contra él por su condición de extranjero”, adujeron.

Sostienen que el Estado dominicano debe salvaguardar y garantizar la seguridad jurídica, la justicia, la inversión extranjera en bien del turismo dominicano.