Difícil es precisar si es mucho o poco el valor en propiedades inmobiliarias que posee el Estado, que según el Primer Censo Nacional de Bienes Inmuebles, asciende a 46,737 bienes, los cuales tienen un valor de más de doce billones de pesos, aunque obviamente representa una cantidad impresionante.

El valor predial urbano y rural se incrementa notablemente en los últimos años por diversos factores, como la presión que ejerce el incremento de la población, construcciones de carreteras, puentes, edificaciones y uso intensivo de tierras con vocación agrícola y pecuaria.

Se ignoran los parámetros de medición del valor a las tierras estatales usadas por la Dirección de Bienes Nacionales, pero los tasadores concluyeron en que su costo global asciende a RD$12,415,672,850.20, que sería mucho o poco según se compare con los terrenos que poseen otros estados en extensiones similares, o con respecto a otros períodos de tiempo.

Se resalta como gestión útil e importante precisar la cantidad y cotización de bienes inmuebles propiedad de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de instituciones descentralizadas y del poder municipal, clara señal de que las autoridades saben lo que tienen y dónde están.

El Gobierno ha entregado miles de títulos de propiedad sobre parcelas y viviendas levantadas o construidas en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Instituto Agrario Dominicano o en predios expropiados previamente, con lo cual se beneficia a miles de familias y labriegos que ocuparon o recibieron esos lotes de buena fe.

Bueno sería que Bienes Nacionales y el CEA identifiquen las inmensas y extensas propiedades inmobiliarias dotadas de mucho valor agrícola, pecuario, urbanístico, minero y turístico, que antes pertenecían al tirano Rafael Leonidas Trujillo y a su familia, hoy usufructuadas por terceros.

Posiblemente las propiedades inmobiliarias de la familia Trujillo que han sido depredadas por particulares representen un valor cercano al que hoy se revela que tienen las que aún el Estado puede invocar su control, muchos de cuyos títulos han sido transferidos en condiciones jurídicas dudosas.

Ese Censo Nacional de Bienes Inmuebles permite a los poderes públicos identificar y defender esos predios, aunque faltan por precisar los inmensos y valiosos terrenos propiedad del Estado hoy usufructuados por particulares sin que haya mediado el debido proceso legal de compra o traspaso. Se requiere, pues, establecer lo que se tiene y lo que se llevaron.