No basta con la destitución pura y simple de la encargada del canódromo por la agresión de que fueron víctimas el defensor del Pueblo y periodistas que inspeccionaban el lugar. La coronel Ysabelita de los Santos Pérez y los agentes que participaron en la agresión contra Pablo Ulloa y sus acompañantes deben ser sometidos a la justicia.
La acción, al menos como se ha denunciado, fue un abuso de poder que no se repara con una simple destitución del cargo. Además de la agresión física hubo daños materiales.
Si la acción fue contra un funcionario y periodistas hay que pensar en lo que hubiera ocurrido si se tratara de ciudadanos comunes y corrientes.
La Digesett no se puede limitar en el caso a una simple sustitución de una oficial que se excedió en atribuciones. E incluso aprovechar el incidente para ordenar una exhaustiva investigación sobre la operación del canódromo.
