El imputado del caso Calamar y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, no está desde anoche en su casa por un error en el contrato de seguro de fianza, pero se espera que esta tarde esté de vuelta a casa, ya que sus abogados realizaban esta mañana los trámites correspondientes.
Esta mañana solo quedaban tres imputados en la carcelita provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, incluyendo el excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque el contrato de seguro no cumplía con las formalidades de la Ley 146 -20 sobre Seguros y Fianzas.
Otros que también se encontraban en dicha carcelita era el encartado Ramón David Hernández y Omar Daniel Camaño, todos con arrestos domiciliarios.
El personal del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional y la Secretaría de la Fiscalía duraron trabajando ayer hasta las 9:00 de la noche tanto en el dispositivo de la decisión como en los trámites para agilizar el proceso, lo que permitió a 17 encartados ser trasladado al lugar donde le impuso la prisión (domiciliaria o preventiva).
La fiscal Argentina Contreras, encargada de Procesos de Garantías económicas y Fianzas, trababa arduamente esta mañana en el proceso para que esos imputados sean trasladados a sus residencias.
La jueza Kenya Romero dictó ayer medida de coerción contra los 20 imputados del caso Calamar, pero solo impuso prisión preventiva contra los exministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
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El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El exministro de Hacienda Donald Guerrero, y el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a quienes les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva, al ser vinculados en el caso de la Operación Calamar, les será conocida la revisión obligatoria de la medida de coerción el 4 de julio próximo.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras dictar medida de coerción en su contra, para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, le dio calificación de complejo al caso.
La magistrada dispuso que la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, conozca la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada a los ex funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, cuya jueza tendrá el control de las investigaciones.
Asimismo, la jueza Kenya Romero, dispuso el arresto domiciliario del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida, sin autorización judicial.
Mientras tanto, al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, que tiene en su defensa al abogado Carlos Olivares, tendrá impedimento de salida del país y el pago de garantía económica de cuatro millones de pesos, bajo la modalidad contrato.
Al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, le fue impuesto arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Al imputado Aldo Antonio Gerbasi Fernández se le impuso el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida del país, sin autorización.
De su lado, al abogado Ángel Lockward se le impuso arresto domiciliario, presentación periódica, prohibición de salida del país y el pago de una garantía económica de 7 millones de pesos, en efectivo.
En el caso de Claudio Silver Peña, éste deberá cumplir arresto domiciliario, pago de una garantía económica y prohibición de salida del país.
Alejandro Antonio Constanzo Sosa tiene aplicado arresto domiciliario, pago de una garantía económica de 1 millón de pesos en efectivo e impedimento de salida.
Roberto Santiago Moquete Ortiz: arresto domiciliario e impedimento de salida, y Ana Linda Fernández Paola, arresto domiciliario, con autorización de ir a todos los chequeos médicos, debido a su estado de salud.
Mientras que a Ramón David Hernández se le impuso presentación periódica los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país y pago de una garantía económica de un millón de pesos. A su esposa, Yahaira Brito Encarnación, tiene prohibición de salida del país y pago de una garantía económica. A Marcial Reyes, arresto domiciliario, prohibición de salida, y a Emir José Fernández de Paola, arresto domiciliario e impedimento de salida y pago de garantía económica de dos millones de pesos, bajo la modalidad de contrato.
A Oscar Arturo Chalas Guerrero se le impuso presentación periódica, prohibición de salida, detención en su domicilio y la garantía de un millón de pesos; a Julian Omar Fernández Figueroa, impedimento de salida y arresto domiciliario; Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, presentación periódica los días 30 de cada mes y prohibición de salida.
Agustín Mejía Ávila, el pago de una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida y arresto domiciliario. A Víctor Matías Encarnación Montero, el pago de una garantía económica de RD$3 millones, impedimento de salida y arresto domiciliario.
