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Ciudad de México, (EFE).- Los beneficios obtenidos en criptomonedas o bitcoines (BTC) deben pagar impuestos y registrarse para evitar que se consideren operaciones de lavado de dinero, según un informe difundido este domingo.
El director general de la firma FIXAT, Fidel Ortiz, aseguró que en 2020 se registró un crecimiento de hasta el 300 % en inversiones en bitcoines y advirtió que aunque no está regulada su operación, se puede incurrir en una omisión fiscal sobre las ganancias.
Las operaciones en moneda virtual deben registrarse ante las autoridades fiscales “para evitar que se consideren operaciones de lavado de dinero”, dijo Ortiz.
El rendimiento anual de Bitcoin (BTC) en 2020 con la pandemia de la covid-19 registró altibajos pero sus inversiones fueron más altas a los activos tradicionales como el oro.
En 2020 el BTC creció cerca de 50 %, en contraposición con el 25,6 % del oro, que tuvo un buen año.
Ortiz destacó que el bitcoin es una moneda virtual que aún no es controlada por ningún gobierno o banco y, en el caso de México, no hay ninguna regulación en particular, pero los rendimientos están sujetos al pago de impuestos.
“No importa que el ingreso se obtenga a través de una plataforma digital con servidores en otros países, la obligación de pagar existe y se debe cumplir para no incurrir en ninguna falta u omisión ante el erario”, indicó Ortiz en un comunicado.
Agregó que en caso de que el contribuyente omita declarar sus inversiones en BTC, la autoridad detectará una discrepancia fiscal al haber ingresos no declarados y ello puede llevar a sanciones, dependiendo los montos.
La Paz, (EFE).- Los principales partidos opositores e instituciones ciudadanas críticas del Gobierno de Luis Arce denunciaron que el sistema de Justicia se convirtió en un “arma política” para perseguir a estos sectores y encubrir las vulneraciones cometidas por el oficialismo, por lo que insistieron en demandar una reforma judicial.
La denuncia es parte de un pronunciamiento conjunto difundido este domingo por las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto al Comité Cívico cruceño y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
El documento manifiesta la posición de estos sectores para el cumplimiento de las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de 2019 en Bolivia.
Los bolivianos “no contamos con un sistema de Justicia que defienda al pueblo, al contrario, este se ha convertido en un arma política de Intimidación, persecución y apresamiento”, denunciaron los partidos y entidades.
También acusaron al Ejecutivo de no querer cumplir con las recomendaciones del GIEI sobre los “cambios urgentes” que requiere la Justicia para tener fiscales y jueces “independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana”.
“Este es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia, especialmente con relación a las pérdidas de vidas humanas, bajo la premisa de que todas deberían valer por igual ante la justicia”, señala el pronunciamiento.
Los opositores acusaron al Gobierno de Arce de querer mantener la “sumisión y dependencia” de operadores de Justicia al Ejecutivo “con objetivos políticos y de represión”.
También consideraron que los procesos penales instaurados contra detractores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) son “en los hechos acciones de linchamiento político-judicial” mientras la Justicia “archiva y desestima casos” que involucran a gente del oficialismo.
Para alcanzar “paz social y concordia” en el país, estos sectores consideraron “indispensable” que las investigaciones por los sucesos de 2019 se realicen con un Ministerio Público y órgano Judicial “renovados” y se garantice la independencia e idoneidad de sus operadores.
Además pidieron que los opositores encarcelados, a los que consideran “presos políticos”, se defiendan en libertad y que cesen las “aprehensiones por razones políticas”.
POSICIÓN GUBERNAMENTAL
El Gobierno de Arce a través del ministro de Justicia, Iván Lima, ha considerado que el cambio de operadores de Justicia que plantea la oposición supone un “golpe de Estado judicial” que, a su juicio, busca impunidad.
Lima cuestionó en la víspera que el partido de Mesa quiera condicionar a esta reforma judicial su apoyo a la aprobación en el Parlamento de los juicios de responsabilidades contra la gestión transitoria de Jeanine Áñez por los sucesos de 2019.
“Su línea política es la impunidad, el silencio, el pactar la vida de los bolivianos y no respetar el dolor de ellos de todas estas familias en la solución de la justicia”, sostuvo el ministro citado en un comunicado de su despacho.
El informe presentado este mes por el GIEI concluyó en que en el país hubo “graves violaciones a los derechos humanos” durante la crisis de 2019.
El grupo consideró “fundamental” avanzar en las investigaciones y procesos por esos sucesos, aunque también advirtió sobre “serias deficiencias” del Estado boliviano para garantizar la “independencia y autonomía” del órgano Judicial y la Fiscalía.
Bolivia está enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.
La expresidenta interina Jeanine Áñez está encarcelada desde marzo, con la salud deteriorada, investigada a instancias del oficialismo dentro del caso llamado “golpe de Estado”.
