La industria del cine ha movilizado todos sus recursos organizativos y de comunicación para advertir sobre los propósitos de eliminación o mutilación de la Ley Nacional del Cine. Frente a ello, tengo diez verdades:
1- Esta ley ha situado al país en un lugar destacado en el mapa cinematográfico y siendo un referente para otros países del mundo.
2- El riesgo es claro: si se modifica o elimina la Ley Nacional del Cine, la inversión cinematográfica extranjera se puede trasladar a otros países. Hasta el momento se han rodado en el país 373 películas internacionales.
3- Es un deber de quien corresponda, sopesar ajustes que sean razonables desde el punto de vista fiscal, sin afectar un sector que se ha constituido en una fuente importante de empleos, inversión y de formación de capital humano.
4- Los créditos fiscales y exenciones asociadas a la Ley de Cine se estiman en apenas 0.08 % del PIB para 2024. Es decir, menos del 1 %. Y los beneficios en fuentes de trabajo, ingresos en impuestos y otros conceptos cuadruplican ese concepto.
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5- La filmación de películas realizaron pagos de impuestos sobre la renta e ITBIS por más de RD$1,500 millones en 2023, asociados a la contratación de actores, técnicos de audiovisuales, directores guionistas y otros.
6- Sólo en el año 2023 se vendieron unos 4 millones de boletas de cines, de los cuales un 20 % correspondieron a producciones locales.
7- El 55 % de los empleos han sido para mujeres y el 79 % para personas con formación técnica, contribuyendo a reducir la desigualdad y promover la equidad de género; además de que el 88 % de los proveedores contratados son micro y pequeñas empresas.
8- Desde 2022, esta industria ha generado alrededor de 25,000 empleos directos e indirectos, incluyendo roles técnicos, artísticos y de suplidores.
9- Se han realizado, gracias al régimen de incentivos, 437 producciones dominicanas y 373 extranjeras desde su promulgación, lo que ha implicado mayor diversidad de los géneros.
10- Debe prevalecer la prudencia al considerar eliminar o modificar esta ley, ya que se podría provocar que la inversión extranjera en este sector se desplace a otros países que tienen regímenes de incentivos similares.