El valor y la trascendencia de la cultura no se puede medir por los signos monetarios potenciales a recaudar.

El cine es una industria que debe seguir contando con apoyo por su trascendencia como marca e identidad nacional, como área de trabajo en que participan miles de familias de sus técnicos, suplidores y artistas. Y ser vigente de la mejor forma racional posible, como la Ley de Cine vigente en España, Colombia, Costa Rica, Ecuador y otros países.

El cine nos expresa, nos inspira, nos forma, cumple ese papel de lúdico entretenimiento que trasciende el momento en el cual el espectador acude a ver una película.

El público dominicano debe respaldar las películas nacionales, tal y como ocurre con el público coreano respecto de sus películas, que llenan las salas dando una acogida mayor que a las producciones que les llegan desde la industria norteamericana.

Hace muy bien el Gobierno con la apertura a revisar y negociar los alcances de la Ley de Modernización Fiscal, que es necesario a fin de obtener los recursos que demandan las necesidades sociales nacionales, nadie lo niega. Y la actitud de todos los sectores que se han manifestado es “estoy de acuerdo, pero…a mí no”.

Eso se entiende, pero el caso del cine y me parece que el del turismo también, es distinto. El deseo de recaudación puede generar un perjuicio nacional peor, consagrando un efecto contraproducente.

En lo referente a la Ley Nacional de Cine, aprobada en 2010, conteniendo su revisión fijada para diez años más tarde, es decir el 2020 (período que cayó en plena pandemia), por lo que está pendiente su revisión, ajuste y superación de sus mecanismos.

Eliminar la Ley Nacional de Cine es una actitud culturalmente agresiva, que rechazamos y que no debe impedir que sea aprobada.

Insisto, sería grave error de óptica, despojar al país de su Ley Nacional de Cine. Es un deber mejorarla, afinar objetivos, asegurar plazas de trabajo a las generaciones de estudiantes que cursan las carreras universitarias.