Los partidos políticos principales se erigen hoy en broncos corceles, a los cuales la Junta Central Electoral (JCE) no puede mantener detrás de sus compuertas de la ley hasta el primer domingo de julio de 2027, cuando formalmente se inicia la carrera por la escogencia de cargos electivos.
Las leyes 20-23 y 33-18, prohíben a las organizaciones partidarias promover candidaturas a las elecciones de 2028, al tiempo de establecer un estricto régimen de plazos para esos fines, ninguno de los cuales son observados por las respectivas direcciones partidarias ni por funcionarios públicos.
Los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) han dado riendas sueltas a modalidades abiertas o soterradas de proselitismo electoral a dos años y cuatro meses para que el tribunal electoral anuncie formalmente el inicio de la contienda cívica.
En el partido oficial la situación se torna más delicada porque todos los aspirantes presidenciales ocupan cargos electivos o designados en el Estado y el Gobierno, lo que motiva que el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, solicite a la dirección partidaria tratar el caso con urgencia.
Como si tuviera un mal presagio, Bautista García advierte que un funcionario público debe tener mucho cuidado cuando liga activismo político con la función pública, porque “gobernar en la actualidad es muy difícil, ya que las demandas son infinitas, y las posibilidades son finitas”. Más claro, ni el agua.
El PLD ha abierto una lista pública de inscripción de aspirantes presidenciales, algunos de los cuales salen en locas caravanas, bajo el argumento de que “a quien madruga Dios lo ayuda” o de que la fecha legal de inicio de la campaña electoral está muy distante en el calendario.
En la Fuerza del Pueblo, donde es previsible que repita la candidatura del doctor Leonel Fernández, se asume un tipo de proselitismo con actos de juramentación de nuevos dirigentes que se convierten en manifestaciones de respaldo a la figura que seguramente encabezará su boleta electoral.
Abrir compuertas a una campaña proselitista a más de tres años del día de las votaciones, sumiría al país en riesgo de un caos político con peligrosos extravíos en los poderes Ejecutivo, legislativo y municipal, cuyos funcionarios y colaboradores se sumarían a esa loca carrera.