Editorial Opinión

Grave amenaza

Grave amenaza

La procuradora general de la República, Miriam Germán, confirmó ayer que recibió un mensaje por WhatsApp de un individuo que la amenazó con matar a su hijo “si le tocaba a su gente”, caso grave que amerita una investigación a fondo por parte de los organismos de seguridad del Estado.

El autor de esa criminal intimidación, quien sería un narcotraficante que opera fuera del país, advirtió que cualquier acción del Ministerio Público contra sus allegados se resolvería con sangre, que no sería la de la magistrada, porque “yo le puedo mandar a matar a su hijo”.

Esa amenaza, proferida por algún capo con ramificaciones en el territorio nacional, no debería tomarse a la ligera porque sobran los ejemplos de procuradores, fiscales y agentes antidrogas que han sido objeto de atentados por parte del narcotráfico en diversos países.

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Con admirable reciedumbre la procuradora Germán dijo que “no creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas, vayan a tener éxito”, pero es imperativo que las autoridades redoblen su seguridad y la de fu familia.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas han asestado duros golpes al narcotráfico con el decomiso de toneladas de drogas, sometimiento a los tribunales de connotados narcos y la confiscación de millonarios negocios, apartamentos, fincas, villas y automóviles de alta gama.

Sobran razones para que la sociedad exprese preocupación por las explícitas amenazas contra la magistrada Germán y su familia, un peligro que se extiende a otros procuradores y fiscales que participan en la persecución de crímenes y delitos en todos los órdenes.

El capo que profirió la amenaza contra la procuradora general tendría su asentamiento en algún país de Europa, por lo que se supone que las autoridades solicitaron asistencia de diversas agencias antidrogas y de la Policía Internacional (Interpol) a los fines de localizarlo y apresarlo, así como a sus cómplices locales.

Se resalta la solidaridad que la ciudadanía dispensa a la procuradora general ante la burda amenaza de que ha sido objeto por antisociales vinculados al narcotráfico internacional, lo que obliga también a los organismos de seguridad del Estado a actuar con diligencia para impedir o evitar que el crimen organizado atente contra esa funcionaria o ponga en peligro la vida de su hijo.

El Nacional

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