La violencia en El Salvador se ha convertido en un desafío para el orden, la seguridad y el desarrollo de esa nación. En un día han muerto hasta 14 personas víctimas de las pandillas que se disputan el control de las calles.

Pero por más aterradoras que sean las estadísticas cuesta aceptar que la declaratoria de un régimen de excepción sea la respuesta a la ola sangrienta.

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Es lo que ha pedido el presidente Nayib Bukele, quien se ha caracterizado por gobernar con métodos que rayan más en el autoritarismo que en los principios democráticos.

Antes de aplicar la pena de muerte a los reales o supuestos pandilleros, el Gobierno salvadoreño debe tomarse su tiempo en analizar con el detenimiento que amerita el drama de la violencia.

Porque es muy posible que esa violencia que tanto inquieta a los propios salvadoreños derive de factores que comprometan la responsabilidad de las autoridades.

El régimen de excepción es un recurso extremo, que no amerita ser declarado para lidiar únicamente con unos pandilleros que no son extraterrestres. Es posible que con la solución de algunos problemas y un control más estricto se pueda reducir la violencia.