El Gobierno haitiano, colocado contra las cuerdas por las pandillas que controlan la mayor parte del territorio, ha dado un paso valiente al enfrentar a las élites que financiarían la violencia.

Al expresidente Michel Martelly, el excanciller Laurent Lamonte y otros exfuncionarios y empresarios sancionados por Estados Unidos y Canadá por sus presuntos vínculos con las pandillas, el Gobierno les ha congelado sus cuentas bancarias.

Sin poder salir del país y privados de sus recursos financieros los afectados tendrán por lo menos que sopesar sus actividades sociales y económicas.

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Al Gobierno haitiano se le ha tildado de pasivo o conciliador frente a los grupos que se dice patrocinan la violencia y crímenes como el incendio de hospitales que ejecutan las pandillas.

La procedencia de los recursos con que los bandoleros compran armas modernas y satisfacen sus necesidades se ha prestado siempre a conjeturas.

En lo que se efectúan los procesos judiciales la congelación de las cuentas bancarias de los políticos y empresarios sancionados por Estados Unidos y Canadá puede ayudar en los esfuerzos para encontrar una salida a la crisis