El Ministerio Público intentó el viernes por todos los medios habidos y por haber de evitar el conocimiento de la revisión de la medida de coerción impuesta al ex ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, implicado en el caso de corrupción “Calamar”.

El primer intento consistió en la petición de un aplazamiento de la audiencia, bajo el alegato de que la fundación Alfredo Novel no tenía representante en la audiencia.

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Dicha petición le fue negada por la juez Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien le observó que la fundación Alfredo Novel todavía no figura como querellante en la acusación.

A seguida, el Ministerio Público interpuso un recurso de objeción contra dicha resolución, el cual también le fue rechazado, al igual que como ocurrió con otro más que presentó previamente.

Ante un tercer rechazo de pedido de aplazamiento, el Ministerio Público solicitó un nuevo pedido, sugiriendo que la audiencia fuera aplazada porque otro de los querellantes no estaba presente.
En esta ocasión, se determinó que el querellante al que hizo alusión el Ministerio Público no había sido formalmente citado, por lo que la juez decidió aplazar la audiencia para el siete de este mes, a las 9:00 de la mañana.

Los abogados
Tras el reenvío, el equipo legal de Peralta denunció el viernes que el Ministerio Público continúa obstaculizando la justicia con la única finalidad de mantener ilegalmente a su defendido en prisión.

En declaraciones a la prensa, el abogado Pedro Balbuena, quien fungió de vocero, dijo que el Ministerio Público insiste en evitar que un juez escuche a Peralta Fernández con el propósito de que no se conozca la verdad en torno a una infundada acusación.