Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas.
La muy ponderada nueva ley de Compras y Contrataciones Públicas se convertiría en letra muerta, como muchas otras, si no se aplica al pie de la letra.
El presidente Luis Abinader advirtió que es obligatorio cumplir con la legislación, pero puede agregarse que también hacerla cumplir.
De nada serviría la aprobación y promulgación si se tolera que se vulnere, como ocurre con la ley sobre declaración jurada de bienes.
La nueva ley 47-26, que contempla penas para los funcionarios que formen parte de empresas que negocien con el Estado, es otro esfuerzo para garantizar la transparencia en el sector público.
La ley consolida las bases en el proceso de edificación de un sistema más eficiente, pulcro y responsable. Pero las autoridades tienen que velar para que la nueva legislación, que sustituye la 340-06, no sea violentada a través de ningún tipo de subterfugio.
Darle la bienvenida puede ser solo una pose en muchos que podrían estar atentos a la primera oportunidad para tratar de salirse con las suyas.
Al promulgarla el presidente Abinader celebró la legislación porque dijo alínea a República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional. El paso, sin duda, es significativo.
El Nacional
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