Mientras las reservas y el rechazo ganan terreno sobre la reducción de recursos al Ministerio de Educación, que también se tilda de inconstitucional, el Gobierno justifica la decisión al alegar que “no es gastar más, es gastar bien”.
Sin embargo en su exposición ante una comisión de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, no se refirió al numeral 10 del artículo 63 de la Constitución según el cual las partidas consignadas para Educación no pueden ser desviadas.
Vicente y otros miembros del gabinete económico apelaron a lo que entienden como buen sentido al señalar que se está ante la alternativa de que Educación gaste en lo que sea los recursos que por distintos conflictos no se podrán ejecutar o utilizarlos en subsidios y programas sociales.
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Aunque en la controversia es obvio el matiz político también lo es la confusión que rodea el conflicto.