La Cámara de Cuentas, cuyos miembros sobreviven a duras críticas sobre su gestión, ha vuelto sobre el tapete con la auditoría que se solicitó para sustentar el expediente contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

La demora del examen, controversial desde un principio, ha disparado las conjeturas sobre su conclusión y más todavía después que Donald Guerrero solicitara, con todo su derecho, que se la dieran a conocer.

Es de todos conocido la lucha de poder que se ha dado en la Cámara de Cuentas, donde uno de sus miembros rehusó suscribir la auditoría sobre la gestión de Guerrero alegando que había sido su subalterno.

Con el aparente impasse el Ministerio Público tendrá que buscar la manera, para evitar el ridículo, de sustentar el caso con pruebas que vayan más allá de delaciones premiadas.

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Guerrero está acusado junto al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de encabezar un supuesto entramado que estafaría al Estado con más de 19 mil millones de pesos en el período 2016-20.

La supuesta red, que operaría en 11 instituciones públicas, gestionaría expropiaciones irregulares de terrenos, pagos de deudas públicas, cobro ilegal a bancas de loterías y deportivas y varias otras acciones. Varios de los imputados han llegado a acuerdos y devuelto bienes, pero la auditoría de la Cámara de Cuentas se ha convertido en un aparente escollo en el proceso.