Los diputados del PRM asumieron como responsabilidad suya la preselección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas que escogerá el Senado.

Al tomar la decisión de manera unilateral, o sin el respaldo de los diputados de la oposición, es obvio que el peso de la selección recae sobre el oficialismo.

Frente a las reservas con las evaluaciones y los preseleccionados hay que confiar en que, por experiencia, no se hayan registrado los errores del pasado.

Los incumbentes que cesan en sus funciones no pudieron unificar criterios ni siquiera sobre asuntos técnicos por los intereses políticos que representaban. Se optó por el reparto antes que por la integridad moral y profesional que se reconoce a los miembros de la JCE y los jueces del Tribunal Superior Electoral.

El Senado, que designó una comisión para completar la evaluación, tiene la responsabilidad de corregir cualquier desliz en que hayan incurrido los diputados.

La Cámara de Cuentas tiene de una vez y por todas que jugar su papel como fiscalizador de los fondos públicos. Y más hoy en que existe un verdadero clamor a favor de la pulcritud con el uso de los recursos públicos.