La Procuraduría General de la República informó hoy que está a la espera de que le suministren los documentos que sustentan las irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) en el proceso de compra de 40 mil kits de alimentos tras la crisis generada por el coronavirus, por lo que fueron cancelados ayer siete funcionarios.
El órgano persecutor de crímenes y delitos dijo que una vez tenga los documentos los estudiará y verificará los tipos penales que constituyan los hechos cometidos.
“La Procuraduría General de la República está a la espera de recibir los documentos y una vez se tengan los mismos se procederá a evaluarlos y a verificar los tipos de delitos que están tipificados en los hechos”, reaccionó la institución.
Añadió que se verificará si además de lo administrativo existen delitos penales y cuáles, por lo que una vez recibidos y analizados los documentos, se informará el curso de dicho caso.
El presidente Danilo Medina destituyó anoche a siete de los principales funcionarios del Inaipi luego que se detectaran irregularidades en el proceso de compra de 40 mil kits de alimentos tras la crisis generada por el coronavirus. La directora, Berlinesa Franco, presentó su renuncia al cargo.
La medida está en el decreto 146-20, que designa a Kenia Lora Abreu como nueva directora del Inaipi, en sustitución de Franco. Lora Abreu era directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), donde fue designada Greybby María Cuello Coste de Torres.
Irregularidades.
Los detalles sobre las irregularidades en el Inaipi fueron ofrecidos ayer por Flavio Darío Espina, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
El funcionario precisó que tras la denuncia sobre las presuntas irregularidades en el proceso de contrataciones realizado por el Inaipi, el presidente Medina designó una comisión integrada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, y el propio Espinal.
Dicha comisión revisó y examinó el proceso y recomendó al presidente Medina la remoción de los funcionarios vinculados con el proceso de compra.
