SANTIAGO. Los involucrados en la Operación Discovery poseían armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares, como es el caso de Uzi.
Así consta en el expediente que sirve de soporte al Ministerio Público, en el sometimiento de 38 personas, asegurando que los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a estafar desde la República Dominicana y hacia Estados Unidos.
La acusación establece que la red Discovery tenía como centro de mando y operación la provincia de Santiago y que el uso de la tecnología ha sido su principal herramienta “toda vez, que utilizan sistemas de redireccionamiento para llamadas simuladas para la comisión del ilícito”.
Señala que la posesión de esas armas es una de las características principales de lo que define como una organización criminal.
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Precisa que los involucrados “colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, teleservicios, teleatención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas y ventanas y renta de vehículos.
También, por medio de servicios de transporte de personas, intermediario de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA, servicios de chofer personalizado, a través de la producción de música y vídeo del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas cotosas (relojes, cadenas), entre otros.
“Ellos transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras”, subraya la pieza acusatoria.
Y que los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios, a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.
El Ministerio Público establece que el grupo integró gran parte de los capitales ilícitos en el mercado “con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal o la forma en que se dispuso de ellos”.
“Invirtieron dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, lealtades e impunidad”, enfatiza.
Dice que ellos “formaron una organización criminal que tiene todas las agravantes que el legislador ha considerado para la conducta típica del lavado de activos”.
Entre estos ilícitos resalta la participación como estructura criminal organizada, creación de empresas de fachada, la colocación en el sistema nacional de dinero provenientes de las actividades ilícitas, así como la existencia de testaferros y prestanombres.
“Detallaban sus operaciones criminales a través de conversaciones en aplicaciones telefónicas que estaban legalmente intervenidas”, agrega el expediente.