Los resultados dirán si la militarización por la que ha optado el Gobierno para enfrentar la violencia, criminalidad y la delincuencia en San Cristóbal haya sido la mejor opción.

Además de los asesinatos en atracos de tres comerciantes en lo que va de año, una ola de asaltos callejeros ha sumido en la incertidumbre a los residentes en distintos sectores del municipio.

San Cristóbal ha registrado siempre una elevada tasa de crímenes, pero últimamente la incertidumbre se ha incrementado a causa del microtráfico y otros males sociales.

La militarización de la ciudad que se ha dispuesto como respuesta tiene que ser para prevenir delitos y perseguir a sospechosos de actos criminales, pero jamás para coartar las libertades ni caer en violaciones de los derechos humanos a través de abusos.

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Una cosa no puede confundirse con la otra. Para San Cristóbal, que necesita seguridad y orden, la militarización es una garantía. Claro que la garantía no puede ser a costa de limitar o violar los derechos de sus residentes.