No se sabe a ciencia cierta la cantidad de dinero que, como barril sin fondo, se han tragado los programas para mejorar el sistema carcelario.

Lo que se sabe es que han sido muchos millones de pesos y que el problema no se ha resuelto.

El estudio de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, según el cual alrededor del 70 % de los privados de libertad carece de espacios y condiciones mínimas para su rehabilitación confirma una triste realidad.

El hacinamiento ha sido uno de los grandes males del sistema penitenciario, lo mismo que la elevada proporción de presos preventivos.

El estudio señala que en las 22 cárceles del nuevo modelo y en los 19 del viejo hay una población de alrededor de 25,711 presos, pese a que la capacidad es para 15,643.

Esa aglomeración ha sido fuente de múltiples confrontaciones entre los reclusos. Hablar de rehabilitación en esas condiciones no es más que una tomadura de pelo. De qué manera pueden los reclusos siquiera respirar tranquilos.

Tal vez la solución no esté en la construcción de más cárceles, sino en la depuración de esos reclusos que reúnen condiciones para ser liberados.