No parece que el PRM haga su mejor aporte al reivindicar la independencia del Poder Judicial respecto a las vinculaciones de funcionarios y legisladores de su partido en el entramado de narcotráfico y lavado de activos denominado Operación Falcón.

Gobiernos y partidos no pueden evadir su responsabilidad en la designación de funcionarios en la elaboración de las listas de candidatos a diferentes posiciones electivas.

Esa corrupción que según el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la senadora Faride Raful antes no se perseguía no hay más que identificarla y perseguirla ahora.

No se puede dejar de reconocer que bajo la actual gestión ha habido más empeño en combatir la corrupción y la impunidad sin encubrir a nadie en particular.

Y es cierto, como dice la senadora del Distrito Nacional, que para combatir las lacras se necesita voluntad e independencia. Pero con culpar al pasado para establecer diferencia con el presente se cae en lo propagandístico.

A propósito del escándalo los partidos deben mirar a su interior antes que conformarse con lanzarse la pelota como una manera de evadir responsabilidades.

La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que desde 2012 a la fecha la estructura de la que supuestamente formaban parte el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, y varios legisladores movilizó más de 50 millones de dólares y transportó más de 10 mil kilos de cocaína. Son operaciones muy voluminosas que de alguna manera han debido llamar la atención.