El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), España y Corea del Sur aprobaron un paquete crediticio a República Dominicana por US$190 millones para la ejecución de un programa de saneamiento de localidades turísticas y costeras, mediante mejoras de la calidad del agua, infraestructuras sanitarias y de salud.
La mayor partida, de 80 millones de dólares, sería aportada por el BID, en tanto que Corea entregará US$60 millones y España, otros US$50 millones, en lo que supone el mayor proyecto que emprendería el Gobierno para sanear comunidades que forman parte de polos turísticos o en litorales costeros.
El objetivo general de ese ambicioso programa sería el de mejorar las condiciones ambientales y la salud de las comunidades beneficiadas a través del acceso de los servicios de saneamiento gestionado de manera sostenible y segura.
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A reserva de que España, Corea del Sur y el BID amplíen detalles en torno a ese crédito y sus desembolsos, cabe resaltar que se requiere con urgencia emprender la construcción o mejoras de acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario en la mayoría de los municipios que sirven de asiento a la industria del turismo.
Ese crédito garantizaría ampliar la cobertura de saneamiento de las localidades intervenidas por el programa, así como mejorar los servicios de agua potable, además de contribuir con el fortalecimiento de las instituciones que los tutelan, incluido el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
El Congreso ha sido muy permisivo en aprobar préstamos por miles de millones de dólares, sin que se justifique fehacientemente su calidad de redituables, lo que ha sido causa de mayor endeudamiento y elevado pago del servicio de la deuda pública, que representa ya casi el 30 % del Presupuesto Nacional.
Los US$180 millones aprobados por el Banco Interamericano y los gobiernos de Corea del Sur y de España, representan una excelente oportunidad para que el Estado dominicano emprenda un programa a gran escala de saneamiento, provisión de agua potable y servicios de salud, que debería extenderse a todo el país.
El pago de ese financiamiento estaría garantizado por el crecimiento sostenible del turismo, su impacto en los demás sectores de la economía y por la mejoría de la calidad de vida de los residentes en las comunidades incluidas en ese programa de desarrollo sostenible.
