Con la advertencia de que los efectivos que incurran en delitos no encontrarán cobijo en las filas militares y deberán responder en los tribunales de justicia por sus hechos, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas reiteran su vocación de apego y obediencia a la Constitución de la República.
La sociedad, que ha mostrado firme arraigo por la democracia, acoge con complacencia la garantía ofrecida por el alto mando, de que las instituciones militares obran como un cuerpo social esencialmente sano y comprometido con la misión que les corresponde.
Se acusa a oficiales castrenses y de la Policía de cometer crímenes y delitos, que de comprobarse en justicia, comprometerían el honor y la sanidad de las instituciones militares y policiales, por los ilícitos penales imputados entre los que figuran asociación de malhechores, cohecho, coalición de funcionarios y lavado de dinero.
Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y apolíticas y en ningún caso tienen derecho a deliberar porque el objeto de su creación es defender la independencia y la integridad de la República y sostener la Constitución y las leyes, lo que no permite espacio al deshonor.
Las misiones asignadas a los institutos castrenses son esenciales para la nación, como participación en programas destinados a mitigar situaciones de desastre y calamidad pública, promover desarrollo económico y social. De ahí la importancia de preservar y fortalecer su integridad y sanidad.
El Constituyente ha consignado que la jurisdicción militar sólo tiene competencia para conocer las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia, por lo que las trasgresiones de tipo penal corresponden al orden judicial, como ocurre con los imputados de la mentada Operación Coral.
Sin importar la gravedad de los hechos que se atribuyen a oficiales militares y policiales, las Fuerzas Armadas, como institución primordial del Estado, debe ser resguardada ante imputaciones de ilícitos penales a cualquiera de sus miembros, incluso si son comprobados en juicios libres, públicos y contradictorios, aunque es deber del alto mando barrer hacia afuera en cualquier situación que ponga en peligro valores éticos.
La sociedad está compelida a ofrecer un voto de confianza al Ministerio de Defensa y al alto mando militar ante su promesa de que militares que infrinjan la ley penal no tendrán cobijo en las instituciones castrenses. Por lo demás, sólo se aspira a que se respete el debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia.
