La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) vuelve a poner a prueba el principio de autoridad con la suspensión de la docencia que mantiene en varias provincias en demanda de cuestionables reivindicaciones sociales y magisteriales.

En lo que parece un plan para perturbar el sistema educativo la filial del gremio en Santiago se propone un plan de lucha, que implica la interrupción de clases, para reclamar al Ministerio de Educación que cumpla con el nombramiento de personal docente y administrativo, así como la construcción de planteles.

Mientras el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, anunció que la docencia está paralizada en escuelas de cinco provincias en reclamo de mejorar las condiciones en que se imparten clases en decenas de planteles.

Antes que aplicar la ley que consigna el carácter obligatorio de la enseñanza, las autoridades han optado por tolerar las violaciones en que incurre el gremio con interrupciones sin justificación alguna.

El derecho a la protesta no significa atentar contra el orden ni derechos.

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Si las autoridades no deciden tomar el toro por los cuernos para que los maestros cumplan con la obligación de impartir docencia, el sistema de enseñanza jamás saldrá a camino.