Las más de 130,000 horas que según el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, trabajó un equipo multidisciplinario de más de 50 personas durante más de un año no fueron suficientes para detectar los 39.5 millones de dólares en sobornos que de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pagó Odebrecht para las plantas de Punta Catalina.

Tampoco ayudó el acuerdo a través del cual la empresa se comprometía a proporcionar toda la información, incluyendo la identidad de los beneficiados, ni la colaboración de organismos internacionales. Y es que en su gestión Jean Alain estaba tan obsesionado en involucrar opositores en los escándalos de corrupción que tampoco encontró los alrededor de 10 millones de dólares que, en un informe a Perú, el consorcio admite que destinó a partidos y candidatos en las elecciones congresuales y municipales de 2006 en este país.

Tampoco encontró pruebas que sustentaran la acusación contra los elegidos por los 92 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos para adjudicarse obras que sobrevaluó en la ejecución. Y para colmo de males tampoco se sabe si el consorcio ha cumplido con la indemnización de 184 millones de dólares al Estado que pactó por los pagos ilícitos que investigó Jean Alain.

Las actuales autoridades no están exentas de responsabilidades al no remover esos lastres, que tanto han incidido en la deuda pública. Cuando surgieron los últimos escándalos el procurador Rodolfo Espiñeira declaró que había solicitado información a Brasil y Perú, que más de dos años después no se sabe si se ha recibido.

Sin embargo, es justo reconocer que bajo la gestión de Miriam Germán Brito los pactos que se han suscrito con acusados de corrupción, aunque no tengan la dimensión del escándalo Odebrecht, han sido más ventajosos y menos vergonzosos. Imputados no solo han acordado reintegrar al erario miles de millones de pesos en propiedades y dinero en efectivo, sino que han aportado información detallada sobre el esquema utilizado para sus fechorías.

El antecedente del arreglo con la compañía brasileña crea sus reservas, pero esta vez es más manifiesto y creíble el interés en perseguir culpables y no fantasmas. Sobre los pactos hay otro detalle importante y es que se contrató a un grupo de abogados que cobra por la recuperación de bienes.

Con Odebrecht, por más desconcertante que sea, son escasas las esperanzas de que siquiera se interrogue a los supuestos sobornados nombrados a través de seudónimos. Por lo menos en lo referente a Punta Catalina. Y menos que se recupere aunque sea un dólar. Pero compensan los pactos actuales a través de los cuales la justicia y el Estado se han beneficiado.