El no ha lugar a favor de la coronel Ysabelita de los Santos por los incidentes en el canódromo en que fue agredido el defensor del Pueblo tiene muchas lecturas que invitan a reflexionar sobre el rol de su incumbente y de la misma entidad.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fundamentó la decisión en que no se pudo probar la participación de De los Santos y otros agentes de la Digesett en la agresión contra Pablo Ulloa y miembros de la prensa.

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Surge entonces la incógnita de si Ulloa no es capaz de probar una agresión en su contra ¿podrá hacerlo contra otros? Además de la supuesta incapacidad del Ministerio Público para validar la versión de un funcionario público.

Los recursos de la Defensoría del Pueblo no son vinculantes, pero la decisión del magistrado Mejía arroja muchas dudas sobre el papel de la justicia en casos como el del canódromo.

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Tal parece que los videos y los testimonios sobre la violencia en el canódromo no fueron considerados durante el proceso de instrucción. El proceso que benefició a la coronel y otros acusados de la agresión marca, para muchos, el réquiem de la Defensoría del Pueblo.

Para colmo tampoco se han aclarado las denunciadas irregularidades que motivaron la intervención de Ulloa en el canódromo ni la eliminación de las tomas de los incidentes de una cámara retenida a un fotoperiodista de Listín Diario.