César Emilio Peralta ‘El Abusador’ exige a EE.UU. US$7 MM por negligencia médica en prisión de PR

Santo Domingo.– El narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias “el Abusador”, figura central en uno de los mayores casos de narcotráfico del Caribe, emprendió una acción legal contra el Gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico.

Demanda millonaria desde la celda

El dominicano, actualmente bajo custodia federal, reclama una indemnización de US$7 millones, alegando que ha sido víctima de negligencia médica y trato inconstitucional durante su encarcelamiento en la prisión federal donde permanece desde su extradición en 2021.

Peralta fue capturado en Colombia en 2019 y, tras su extradición en diciembre de 2021, permanece bajo la custodia del Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP).

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Su caso se remonta a una investigación iniciada por el FBI en 2018. Posteriormente, un gran jurado en Florida lo incluyó en un pliego acusatorio en 2019, cuyos cargos fueron transferidos al Tribunal Federal en San Juan.

Una figura de alto perfil

Las acusaciones sostienen que Peralta habría liderado una vasta organización transnacional de narcotráfico en la región del Caribe desde 1997.

Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía federal de San Juan, lo calificó previamente como un “CPOT” (Objetivo Organizacional Prioritario) desde 2017, equiparándolo con narcotraficantes de alto perfil como Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Ramírez Carbó indicó que Peralta es el único clasificado como CPOT en Puerto Rico y el Caribe, lo que implica que encabezaba una de las organizaciones más prolíficas de tráfico de drogas y lavado de activos con impacto directo en el suministro de narcóticos hacia Estados Unidos.

Procesos judiciales en marcha

En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable de conspiración para importar y distribuir cocaína, reconociendo que la droga estaba destinada al mercado estadounidense. Desde entonces, la vista de sentencia ha sido pospuesta en varias ocasiones, la más reciente por razones no divulgadas, ya que las mociones correspondientes siguen selladas. Según informó el periódico elnuevodia.com, se presume que la defensa ha planteado una controversia relacionada con el descubrimiento de nuevas pruebas.

Desde su arresto, Peralta ha solicitado tratamiento médico para diversas condiciones. En 2022, durante su declaración de culpabilidad, informó al juez federal Pedro Delgado que no había recibido atención médica adecuada, acusación que reiteró en diciembre de 2024. Fue entonces cuando presentó una demanda civil de US$7 millones, denunciando supuestas violaciones a la Constitución de Estados Unidos por parte del exalcaide del MDC y varios oficiales penitenciarios.

Aunque la demanda permanece sellada, una orden emitida en marzo por la jueza Camille Vélez Rivé reveló que Peralta alega “indiferencia deliberada” hacia sus necesidades médicas, solicitando tratamiento inmediato y adecuado. Sus abogados también pidieron medidas cautelares para recibir atención sin demoras.

Peralta argumentó que no había agotado el proceso administrativo porque desconocía los procedimientos y que sus reclamos fueron ignorados o bloqueados por el personal penitenciario.

Sin pruebas suficientes, según la jueza

No obstante, la jueza Vélez Rivé rechazó la solicitud de medida de urgencia, señalando que el expediente carece de evidencia sustancial y se basa en alegatos vagos del abogado.

La magistrada destacó que el demandante no identificó a los funcionarios que habrían obstruido el tratamiento ni detalló qué quejas fueron desatendidas, lo que impide al tribunal establecer responsabilidad específica.

Además, subrayó que Peralta no presentó evidencia ni jurisprudencia que justifique el incumplimiento de los trámites administrativos requeridos.

“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante y las frustraciones que pueda tener […] Sin embargo, esto no se puede extrapolar para argumentar, como lo ha hecho, que se le ha negado el tratamiento médico adecuado”, escribió la jueza.

Agregó que “lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia del BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento médico de su elección, y tiene que agotar la vía administrativa antes de presentar un caso ante este tribunal”.

Al día siguiente, el abogado de Peralta apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, con la intención de revertir la negativa sobre el interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder la moción.