Las protestas protagonizadas por participantes en la evaluación docente realizas por el Ministerio de Educación desafían a la cartera a airear las supuestas irregularidades que motivaron la anulación del concurso.

Los concursantes que se manifestaron frente a la sede de la institución no solo rechazan la nueva convocatoria, sino que reclaman que se les nombre como maestros bajo el alegato de cumplir con los requisitos para ejercer la docencia.

Educación no puede propiciar que por no edificar a la opinión pública el conflicto se convierta en una tormenta.

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Razón tiene el presidente del denominado Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Juan Valdez, al advertir que quien no pasó la prueba no debe ser contratado como docente de manera administrativa.

Si es así, se está frente a un atentado que estimula la indignación de los concursantes que aprobaron el examen limpiamente y no han sido nombrados.

Ni se puede permitir la contratación de concursantes que se valieron del fraude para aprobar la evaluación, pero tampoco la exclusión de quienes cumplieron los requisitos para ingresar al magisterio.