Las 800 mil conexiones ilegales del servicio eléctrico denunciadas por el presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución (Cued), Celso Marranzini, es otro desafío para la eficiencia del sector.

Junto con la denuncia las autoridades no tienen más que proceder judicialmente contra los responsables de los fraudes para evadir el pago del servicio eléctrico.

Si las conexiones ilícitas inciden en la deficiencia del suministro y en las elevadas pérdidas de las distribuidoras es obvio que los responsables no son las tradicionales personas de escasos recursos económicos.

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Hubo una época en que a los pobres se les pegaba toda la culpa de la crisis eléctrica por no pagar el consumo de una nevera, un televisor y dos o tres bombillos.

Desde hace un buen tiempo se sabe que los grandes fraudes los cometen empresarios, políticos y altos oficiales que por lo regular son intocables.

Como se ha determinado que existen 800 mil conexiones ilegales las autoridades no tienen más que dar un ejemplo traduciendo a los responsables ante los tribunales en caso de no llegarse a un acuerdo de pago.

Los fraudes y la permisividad han alimentado la campaña de que la solución a la crisis en el servicio eléctrico está en la privatización y no en la eficiencia técnica y administrativa.

El panorama descrito por Marranzini al participar en LA Semanal con la Prensa, encabezada por el presidente Luis Abinader, compromete a las propias autoridades en la crisis del servicio de electricidad.