Como advirtió el embajador haitiano ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), Antonio Rodrigue, de que sin la presencia de una fuerza militar internacional, Haití se volvería inmanejable, nuevos episodios de violencia sacuden a ese país, que esta vez involucran a miembros de la Policía Nacional que tirotearon la residencia del primer ministro Ariel Henry.
Los policías también bloquearon las pistas de aterrizaje y vías de acceso del aeropuerto de Puerto Príncipe, con el objetivo de retrasar el regreso de Henry desde Argentina, a quien responsabilizan por la muerte de siete de sus compañeros perpetrada por bandas armadas.
Con motivo del recrudecimiento de la violencia en la vecina nación, el gobierno dominicano ha reiterado que aplicará las medidas de seguridad necesarias para “mantener la seguridad y la paz en nuestra frontera y territorio”, además de rechazar las maniobras que retrasaron el retorno a Haití del jefe de gobierno.
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Ante el clamor del embajador de Haití, de que no se puede seguir esperando por el envío de una fuerza de acción rápida, porque la situación de inseguridad puede empeorar en cuestión de días, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean- Pierre, de padres haitianos, dijo que Estados Unidos “ha hecho lo que tenía que hacer”.
Haití no tiene dolientes entre grandes metrópolis que rehúsan responsabilidad sobre el envío a Puerto Príncipe de un contingente para enfrentar a bandas de delincuentes que asesinan y azotan a la población, pero que en cambio dirigen miles de millones de dólares en armamentos para alimentar la guerra de Ucrania.
La Policía Nacional, única institución que aún de prevalece en Haití, ahora confronta a la figura del primer ministro, autoridad civil que carece de respaldo institucional, político o social, lo que augura más caos y anarquía en una población agobiada por el hambre, desempleo, cólera y la inseguridad. Se desvanecen las esperanzas de que se pueda articular una misión militar internacional que ayude a restaurar orden y paz en Haití y a crear condiciones para la convocatoria a elecciones libres y concurridas, porque Estados Unidos, Canadá y Francia desalientan esa posibilidad y la ONU rehúsa apadrinarla.
Es por eso que al gobierno dominicano no le queda otra alternativa que consolidar un blindaje militar, pero de verdad, sobre los 392 kilómetros lineales de frontera, aplicar a pie de letra la ley migratoria y advertir a la comunidad internacional que de ninguna manera República Dominicana seria parte alguna de la solución a esa crisis sin fin.
