Genera confusión la obstinación de los legisladores del PRM de conocer como ordinario y no orgánico el proyecto de ley de extinción de dominio. Con mayoría calificada en el Senado, el PRM ni se inmutó ante las advertencias, incluso de sectores relacionados, al aprobar como ordinario el controversial proyecto.

En la Cámara de Diputados, donde el PRM no tendría dificultades en contar con las dos terceras partes, la pieza está supuesta a ventilarse como ordinaria sin medirse las consecuencias. Se presta a conjeturas el alegato de congresistas oficialistas de que la ley no afecta derechos fundamentales consagrados en la Constitución para que se le considere orgánica.

O está muy seguro de su decisión o puede pensarse que el PRM no quiere que la legislación, que entre otros objetivos persigue la recuperación de los bienes adquiridos en forma ilícita, entre en vigencia.

La ley, que lleva más de 10 años peregrinando en el Congreso, cuenta con el respaldo de los sectores más sensatos. De conocerla como orgánica el PRM dejaría sin argumentos a muchos sectores, sobre todo de la oposición, que han recurrido a distintos pretextos para evitar que la ley se apruebe.

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