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Emplaza a Procuraduría investigar decenas casos corrupción

Emplaza a Procuraduría investigar decenas casos corrupción

Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundacion Justicia y Transparencia. Fuente Externa.

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República fue emplazada a investigaría decenas de casos de corrupción que se han presentado en distintas dependencias del  Estado, según denunció la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).

Entre los casos denunciados y no están siendo investigados están la venta  ilegal del contrato de la adquisición de los terrenos que albergan el denominado canódromo iniciadas en la pasada gestión gubernamental y concluidas en la actual mandato de  gobierno, por el Banco Central y el actual ministro de Vivienda y Edificaciones, señor Carlos Alberto Bonilla Sánchez, es violatoria a las leyes y Constitución de la República Dominicana.

 La denuncia de adquisición de  las tabletas para el  Censo  Nacional de Población y Vivienda,  las auditorías de la Cámara de Cuentas, sobre un ministro de la pasada gestión,  Agricultura,  la rectoría  Iván Grullón, los  libros electrónicos en el Ministerio de Educación;  la incursión del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

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Las comisiones multimillonarias en dólares, en el Ministerio de Educación y el vergonzante caso de la venta de visas, más de un millón, en apenas 7 años, sin que se hayan llenado los requisitos con  los consulados cerrados, por la crisis haitiana, entre otros tantos.

La entidad cívica, explicó que ciertamente el Banco Central, a principios del mes de septiembre del año 2017, fijó el precio de 298 millones de pesos, dando así inicio a los aprestos para la venta de los terrenos del canódromo, el cual previamente había sido adquirido mediante proceso de liquidación de la entidad financiera hipoteca y pagaré, en el año de 1994, vía la Superintendencia de Bancos; y que luego de haber realizado varias publicaciones en su página web y en algunos periódicos de circulación nacional, hasta julio del 2020, procediendo así a dar por aceptada la propuesta la empresa CBS Developments Nuevas Terrazas, S. R. L.

terrenos del Canódromo.

De igual forma la participación de un ministro en funciones y accionando como empresario, caso concreto del señor Carlos Bonilla, implica la violación a la ley de función pública, No. 41-08, a la ley sobre compras y construcciones de bienes y servicios con el estado, No. 340-06, así como la constitución de la república, en sus artículos, 135, 138 y 146, numerales 1 y 2.

El Nacional

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