En su último tramo, el juicio contra los seis imputados por los 92 millones de dólares en sobornos que pagó la constructora Odebrecht para la adjudicación de obras no concita el menor interés de la opinión pública. Y pensar que se trata del mayor escándalo de corrupción detectado en República Dominicana y toda América Latina.

Desde el principio la investigación ha dejado mucho que desear. Como no parece que sean todos los que están ni están todos los que son se intuye que los acusados fueron seleccionados en forma deliberada, con o sin pruebas. Los testigos y los alegatos del Ministerio Público no demuestran de manera fehaciente que los imputados fueron beneficiarios de pagos ilícitos de la constructora.

A nadie le cabe en la cabeza que en el expediente no figure un solo diputado, así como tampoco un funcionario de la administración de Danilo Medina, que fue cuando más obras se contrataron y aprobaron para la constructora Odebrecht.

El principal acusado, el empresario Ángel Rondón, ha insistido que los recursos recibidos de la constructora fueron en su condición de representante comercial.

No se le ha probado que distribuyó dinero para conseguir obras públicas ni para la aprobación de contratos en las cámaras legislativas. Por las supuestas exclusiones de verdaderos beneficiarios la opinión pública no ha dado mayor credibilidad a un juicio que parece lleva el camino de caerse.

Lo que en principio se catalogó como el escándalo del siglo podría terminar como el fiasco del siglo.