Desde hace muchos años, décadas quizás, la prevaricación se entroniza en el Estado y ha hecho metástasis en la administración pública, por lo que ha llegado el momento de proceder a una cirugía profunda sobre la anatomía jurídica del sector público para extirpar todos los ganglios malignos y prevenir su reaparición.
Es en ese contexto que se debería acoger el ofrecimiento que en nombre de su gobierno ha hecho el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Robert W. Thomas, de cooperar en el proyecto de reforma policial y en la lucha contra la corrupción.
El presidente Luis Abinader abordó el tema en un reciente encuentro de alto nivel con el representante diplomático y personal de su embajada, donde ambos coincidieron en que para contener ese flagelo se requiere de un cambio de cultura, en el entendido de que la causa de la corrupción es principalmente de naturaleza endémica.
Thomas dijo a Diario Libre que Estados Unidos brinda asistencia técnica a República Dominicana para ayudar a modificar y fortalecer los procedimientos y procesos administrativos, en prevención del peculado, lo que no significa disminuir el régimen de consecuencia ante la comisión de un ilícito penal.
La lucha contra la corrupción no puede tener matiz político, sino forense, con énfasis en la prevención, sin descuidar la sanción penal, más aún porque cada vez que se incrusta el escarpelo en cualquier estrato social sale purulencia de un cáncer anejo.
Además de Estados Unidos, el Gobierno debería gestionar asistencia económica y técnica de organismos multilaterales como Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial, Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poder encaminar una reforma de largo alcance contra toda forma de prevaricación, incluida la que anida en estamentos militares y policiales.
Este es el momento históricamente preciso y oportuno para acometer una cruzada contra un mal de naturaleza cancerígena que ya se anida en el tuétano del Estado y en el ensamblaje de la actividad productiva, así como en la cultura colectiva.
La dominicana es una economía de renta media que posee las condiciones jurídicas y políticas para acometer uno de los retos mayores de supervivencia y gobernabilidad que sería disminuir a su mínima expresión los ilícitos penales relacionados con la prevaricación. Es ahora o nunca.
