La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha reaccionado sobre la investigación a que ha sido sometida como si ignorara que no goza de la confianza de las presentes autoridades.

Antes de las presiones que atribuye al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, la magistrada sabe que la habían despojado de los expedientes relacionados con casos de corrupción que datan de la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez. E incluso ella había confesado en una primera ocasión que era presionada por gente del PRM que no identificó para que renunciara del cargo.

De las supuestas presiones siempre ha excluido a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a quien ahora comunicó que el inspector Medina incurrió en forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora en prácticas de acoso moral y laboral en su contra.

Al ser citada por supuesta violación disciplinaria y otras faltas, el caso de la Fiscal del Distrito Nacional plantea un conflicto. Ella no cita los empleados de su confianza que han sido removidos de sus puestos o le han impuesto otros.

Intriga que Ramos se adelantara al advertir que renunciará, como si sospechara que el interés es que renuncie al cargo, en gran medida por su supuesto vínculo con el exprocurador Jean Alain Rodríguez. Pero al margen del conflicto es más que evidente que la magistrada no goza de la confianza de las nuevas autoridades.