Durante los meses de septiembre y octubre la Cámara de Diputados ha aprobado contratos de préstamos por más de 812 millones de dólares, en una cadena de empréstitos que incrementa el monto de la deuda pública consolidada que ya ronda los 70 mil millones de dólares.
De enero a septiembre de este año, el endeudamiento aumentó en US$8,035 millones, sin incluir los cinco créditos validados por la Cámara Baja, que contarían también con la anuencia del Senado, tres préstamos por US$212 millones y otros dos por US$600.
Datos de la Dirección General de Crédito Público establecen que la deuda publica consolidada pasó de US$62,036 millones de diciembre de 2021, a US$70,071 millones a septiembre pasado, por lo que es fácil colegir que para fin de año se proyecta un incremento cercano a los diez mil millones de dólares.
No se niega que algunos de los empréstitos concertados por el Gobierno vendrían con el sello de urgencia, como los destinados a promover eficacia y sostenibilidad del sector eléctrico, pero otros no tienen ninguna relación con la salvaguarda de asuntos esenciales o apremiantes, por lo que pueden esperar.
Se pretende decir que como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) la deuda pública se ha reducido en vez de aumentar, pero la matemática no puede fallar cuando se suma un préstamo sobre otro, todos las cuales aumentan el servicio de pago de deuda pública que ya sobrepasa el 25 % del Presupuesto Nacional.
No ayuda al alivio el dato ofrecido por la Dirección de Crédito Público, de que el periodo de mayor endeudamiento ha sido entre 2012 a 2020, porque si ha sido así, a la actual gestión de gobierno le corresponde pisar el freno, o al menos desacelerar.
El monto para cubrir el servicio de la deuda externa aumentará cada año en la medida que el Gobierno transite libremente el camino del endeudamiento público interno o externo, más aun si serán mucho más altas las tasas de interés de los bonos soberanos que deberán ser colocados en 2023.
El endeudamiento no es ni bueno ni malo, porque todo dependerá de la sensatez, buen juicio, sentido de oportunidad o conveniencia que emplee el Gobierno al momento de concertar empréstitos, y de la responsabilidad del Congreso en saber decir que no, cuando el interés nacional resulte perjudicado.
