Santo Domingo.- Los jueces Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fijaron para el próximo lunes 20 de febrero, el fallo del juicio contra María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, acusada de formar parte de la red de corrupción administrativa denominada Antipulpo conformada por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y otras personas.

El anuncio de los jueces se da luego de que el Ministerio Público concluyera este viernes la presentación de sus pruebas en el juicio que se conoce contra Torres Castellanos quien fue enviada a juicio el pasado año por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al establecer el Ministerio Público su relación con la empresa Editorama, S.A., vinculada al entramado de corrupción.

Debido a razones de salud, la imputada fue declarada inimputable, por lo que es enjuiciada en un proceso especial, según dijo el Ministerio Público en un comunicado.

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Al salir de la audiencia, que se celebra a puertas cerradas, la fiscal Elizabeth Paredes, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público solicitó al pleno del tribunal que le imponga una medida de seguridad, así como el decomiso de un apartamento y de acciones.

Explicó que, durante el juicio, en el que representó al Ministerio Público junto a Ernesto Guzmán Alberto, fueron presentadas pruebas testimoniales, periciales y documentales en contra de la inimputable, a fin de establecer su responsabilidad penal.

Medina Sánchez y compartes fueron enviados a juicio el pasado 7 de febrero también por decisión del juez Peguero.

En el transcurso del proceso, otros imputados del caso Antipulpo: Francisco Pagán, exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE); Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el magistrado Peguero, siendo estos condenados, además de que producto de los acuerdos el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.

De Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez (2012-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Especifica que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.