La Junta Central Electoral (JCE) se anota un tanto al detectar y cancelar a los supuestos involucrados en una red interna que se dedicaría a la falsificación de actas de nacimiento para fines de cédulas a personas que no cumplían los requisitos.

Por supuesto que tiene que avanzarse en la investigación y determinar si hay más implicados en la organización que según la JCE operaba en la Oficialía de Santo Domingo Este y en la Primera Circunscripción del Distrito Nacional. La falsificación de documentos es una vieja mancha para la imagen del país en el exterior.

Los escándalos con la edad de prospectos firmados por conjuntos de béisbol profesional de Estados Unidos son un vivo ejemplo. Si las faltas por las que se canceló a funcionarios y empleados son tan graves debe determinarse si hay méritos para someterlos a la justicia, pues no basta con los despidos.

Y más cuando la propia JCE dice que los documentos se emitían en forma fraudulenta. Con los anhelos de transparencia que tiene el país y la retórica en ese sentido de las autoridades es obvio que se imponen los buenos ejemplos y no la contemplación de otros tiempos.