El arbitraje internacional ganado por la firma Lajun que obliga al Estado a pagarle 43 millones de dólares por la rescisión del contrato sobre el vertedero de Duquesa tiene muchas aristas que demandan una investigación del conflicto.

En 2018 las autoridades de entonces habían sido advertidas de las consecuencias judiciales si no se procedía contra los involucrados en la supuesta compra irregular de los terrenos del vertedero de Duquesa.

Así lo recordó Waldys Jáquez, director ejecutivo de la secretaría de asuntos municipales del PRM, quien indicó que pese a la advertencia el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que era el propietario de los terrenos, la Procuraduría General de la República, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, la Cámara de Diputados ni el Senado no interpusieron acción alguna.

Pese a la supuesta falsedad en la adquisición de los terrenos del vertedero ahora resulta que el Estado ha sido condenado a resarcir a la empresa que lo administraba por la rescisión del contrato.

Si es como ha expuesto Jáquez lo menos que debe efectuarse es una investigación para establecer responsabilidades sobre la inacción judicial.