Es inconcebible que un ente como la Procuraduría General de la República no alcance la puntuación mínima para la eficiencia establecida por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.

La valoración de la entidad encargada de perseguir la corrupción, entre otros delitos, apenas alcanza un 69.59 % conforme a la evaluación del organismo que dirige la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

No sorprende que cuerpos como el Senado y la Cámara de Diputados figuren entre las entidades que no cumplen con la ley de libre acceso a la información pública y los criterios de ética gubernamental.

De hecho grandes escándalos que en el pasado sacudieron las cámaras legislativas todavía hoy permanecen impunes. Pero el caso de la Procuraduría, por sus funciones, es muy llamativo.

Las deficiencias que se han encontrado son para que los titulares, entre otros, de la Procuraduría y los cuerpos legislativos, cuya integridad se reconoce antes que cuestionarse, tomen medidas para mejorar la transparencia.

Es probable que en muchos casos las irregularidades se reduzcan a simples descuidos burocráticos, que de todas maneras tienen que corregirse.