Imputada del caso Medusa se desliga de sustracción de materiales de construcción de la Procuraduría y pidió rechazar la acusación.

La defensa de la ex subdirectora administrativa de la Procuraduría General de la República, Altagracia Guillén Calzada, a través de su abogado, Luis Fernández negó que su defendida haya cometido ilícito penal y solicitó que se dicte un no ha lugar a su cliente.

Guillén es acusada de sustracción de materiales de construcción destinados al Plan de Humanización de las cárceles.

En sus conclusiones, en la etapa preliminar, la defensa adujo que esos materiales llegaron a los almacenes de la Procuraduría, y pidió que se declare inadmisible la querella depositada por la Fundación Antonio Nobel y que se rechace la querella del Ministerio Público, por la pretenciosa y faltas de veracidad.

Solicitó, además, al Tercer Juzgado de la Instrucción del DN la devolución de los bienes congelados y secuestrados a la encartada y condenar al MP al pago de las costas del proceso, en provecho de sus abogados.

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En este proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En el proceso judicial denominado Medusa, el órgano persecutor acusa al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez; Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al ex asesor Miguel José Moya.