Por: Alberto Quezada

La firmeza con que el Gobierno ha venido enfrentando el problema migratorio en los últimos meses constituye un gesto que merece el respaldo de todos los sectores.

Ya era hora de que se asumiera de una vez y por todas su derecho legítimo y soberano de decidir quién y en qué condiciones se puede permanecer en el territorio.

La migración en todas las partes del mundo es normal siempre y cuando los inmigrantes se acojan y cumplan con las normativas internas que establecen los Estados.

Esto lo planteamos porque que no es justo que al país en los últimos meses haya sido sometido a un asedio en el ámbito internacional, tratando de llevarlo asumir decisiones y responsabilidades que no están a su alcance ni material ni institucionalmente.

República Dominicana no puede acoger personas que no cumplan con lo que establecen las leyes. Más nada.

Todo aquel habitante de la nacionalidad que sea, haitiano, chino, japonés, español, cubano, mexicano, peruano, venezolano, que no se acoja a lo establecido en nuestras normas migratorias formales en los tiempos y plazos determinados simple y llanamente deberá ser enviado a su país de origen.

La autoridades dominicanas en sus diferentes instancias que no se dejen chantajear, eso es lo que se hace en todas partes del mundo e incluso los acuerdos, convenios y tratados internacionales así lo estipulan.

Ahora bien, para que el país no sea puesto aún más en las cuatro esquinas, esos procesos de cumplimiento de las leyes y deportación de extranjeros siempre deberán de ejecutarse bajo estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

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