SANTIAGO.- La Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción fue apoderada de la acusación contra el cabecilla de una red mafiosa que sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del Gobierno «Comer es Primero» y «Quédate en Casa».
La acción fue presentada por la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología contra el José Antonio Santana Moronta quien se aprovechó de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa en perjuicio de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), por el monto de RD$18,445,182.66, con lo que afectó a miles de familias beneficiarias del subsidio.
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Entre las víctimas directas del imputado se identifica a María Cristina Pérez Rodríguez, María Auxiliadora del Corazón de Jesús Germosén, María Altagracia Vázquez Cruz, Manuel Antonio Hernández Reyes, Rafael Antonio Rubio, Ana Cecilia Viña Taveras y Mercedes del Carmen Pizano Castillo.
El Ministerio Público le imputa a Santana Moronta la violación a los artículos 5, 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
También, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, en violación a los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).
Le imputa, además, violar los artículos 2.11 y 3.3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
El titular del Ministerio Público en Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó que la investigación está sustentada en una multiplicidad de elementos de pruebas, «por lo que este órgano investigador espera lograr una condena ejemplar contra el acusado».
En el curso de su investigación, el Ministerio Público descubrió que Santana Moronta organizó una estrategia criminal con la finalidad de apropiarse de los fondos públicos destinados por el Estado a personas que intentaban solventar la crisis provocada sobre sus ingresos por la emergencia sanitaria mundial de la COVID-19.
A través de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, se abrió la investigación que permitió detener la mafia y desarticular la red que destinaba los fondos sustraídos a una cuenta de ahorros del imputado en la entidad financiera Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
