El Gobierno del presidente Guillermo Lasso jugó la carta que tenía que jugar en el Parlamento para desactivar los argumentos jurídicos de las fuerzas que solicitaban su destitución del cargo “por grave conmoción interna”.

Al intervenir ante la Asamblea el asesor jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, informó que se había revocado el decreto que por los disturbios sociales declaró el estado de excepción en seis provincias.

Tras el anuncio el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, optó por un receso en las deliberaciones y muchos congresistas bajaron la guardia. A los legisladores leales al expresidente Rafael Correa no se les dio el plan de destituir a Lasso, por lo menos en la actual coyuntura.

La oposición aprovechó las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la carestía de la vida para buscar la destitución del gobernante invocando la figura de “conmoción interna”.

El propio Lasso había denunciado la iniciativa como una tentativa de golpe de Estado. Aunque parecía difícil reunir a las dos terceras partes del Parlamento para deponer al mandatario, con la eliminación del Estado de excepción la oposición quedó sin argumentos.

Por supuesto el malestar no ha pasado y algunos congresistas reclaman al Gobierno satisfacer las demandas de los indígenas y otros sectores en cuanto a eliminar los impuestos a los combustibles y encaminar medidas para bajar la carestía de la vida.