El misterioso caso de los cuatro ejecutados en Rancho Arriba, San José de Ocoa, pone sobre el tapete los cacareados puntos de drogas que operan en distintos lugares del territorio.
En alguna ocasión se llegó a hablar hasta de la cantidad exacta de los lugares en que se distribuían distintos tipos de narcóticos. Cuesta entender que prácticamente todos conozcan los lugares, menos la Policía ni la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Se piensa que si lo supieran actuarían para eliminarlos. El criterio que tienen los vecinos es que los puntos operan porque cuentan con la protección de los encargados de combatirlos.
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Tras la ejecución de José Miguel Mordán Villar, de 35 años; Concepción Coronado Paredes, de 33; Cesarían Liranzo, de 28, y otro que no ha sido identificado ha aflorado el negocio de las drogas en el municipio.
E incluso hay quienes han señalado que los distribuidores cuentan con protección. Las denuncias son para que se investigue a fondo tanto el múltiple crimen como la operación de esos puntos de drogas que todos conocen, menos los encargados de enfrentarlos. ¡Qué extraño!
