La variación de la medida de coerción a los imputados de más jerarquía en los escándalos de corrupción denominados Antipulpo y Coral ha generado un lógico pesimismo en amplios sectores frente a una lucha que desde el primer momento ha tenido un suspicaz protagonismo del Ministerio Público.

La excarcelación de figuras como el empresario Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y de Adán Cáceres, jefe de la seguridad del exmandatario, no significa que el proceso en su contra ha terminado y menos que hayan sido exonerados de responsabilidades. Pero antecedentes con investigaciones iniciadas y no concluidas alimentan las dudas sobre el desenlace de las acciones judiciales.

Hoy, a pesar de la alharaca, no se sabe en qué está la investigación sobre el patrimonio declarado por Diandino Peña, Félix Bautista, Radhamés Camacho, Kimberly Taveras, Lucía Medina y otros.

Para colmo también se desconoce el resultado de las investigaciones en el Plan Social de la Presidencia durante la gestión de la diseñadora Iris Guaba, y el caso del Inaipi, que data desde la pasada administración. Ni el escándalo en Conani. La desconfianza encuentra más razones sobre la base de que algunos de los fiscales que hoy dirigen la lucha contra la corrupción fueron los mismos que participaron en las investigaciones de los sobornos de Odebrecht y los aviones Tucano, así como en la venta de solares en Los Tres Brazos.

Y que archivaron denuncias sin investigar.

La designación de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República generó, por su integridad, experiencia y competencia profesional, muchas expectativas, que con el tiempo se han diluido.

No porque la honorable magistrado haya flaqueado, sino porque la estructura con que cuenta no parece la más apta para perseguir la impunidad. Es desconcertante que mientras en la región se condena por corrupción a una vicepresidenta en funciones y expresidenta de la nación, Cristina Fernández en Argentina, o al expresidente Otto Pérez Molina en Guatemala, por aquí ni siquiera se haya interrogado a un exgobernante sobre los escándalos denunciados en sus respectivos gobiernos.

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Todos saben lo ocurrido en Perú por el caso Odebrecht. Por el mismo escándalo en Panamá han sido expedientado los expresidentes Juan Carlos Valera y Ricardo Martinelli, pero en República Dominicana, donde operó la oficina con que se hacían los pagos ilícitos, el caso no pasa de declaraciones.

Lo más obvio entonces es que se piense que con la excarcelación de imputados en los escándalos Antipulpo y Coral la impunidad preserve su infame reinado y la lucha contra la corrupción no sea más que mera alharaca.