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Sobornos en veremos

Sobornos en veremos

Luis Pérez Casanova

En junio de 2019 se publicó que el consorcio Odebrecht había ocultado  sobornos por alrededor de 55 millones de dólares pagados para siete obras y la termoeléctrica Punta Catalina que no fueran incluidos en el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez, hoy preso por supuestos actos de corrupción. Los desembolsos se hicieron a través de seudónimos vía la División de Operaciones Estructuradas, una rama que utilizaba la compañía para los pagos ilícitos. Las transacciones se conocieron, no por iniciativa de las autoridades dominicanas, sino por una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. De ese tiempo a la fecha no se ha dado un paso, al menos que se sepa, para identificar e interrogar a los presuntos sobornados.

Mientras todo parecía olvidarse, ahora ha salido a relucir que la compañía,  en documentos suministrados a Perú, que aquí se pagaron 9,558,296 millones de dólares de manera subrepticia a candidatos y partidos para la campaña electoral de 2006. En esta ocasión, además de los seudónimos de los beneficiados aparecen los montos a cada uno y las obras. Ante el nuevo escándalo, el procurador Rodolfo Espiñeira, encargado de cooperación internacional, garantizó que, como se espera, no habrá impunidad. El magistrado explicó que se está haciendo un esfuerzo serio para determinar si hay algo que aún se pueda perseguir “porque ahí hay gente con codinomes (nombre en código), que nosotros pudiéramos sospechar de quienes se trata”, pero para instrumentar un expediente y hacer sometimientos hay que confirmarlos, tener pruebas en su contra.

Con el acuerdo de lenidad que obliga a Odebrecht no solo a proporcionar toda la información para esclarecer el escándalo, lo que aparentemente no hizo, y a indemnizar al Estado dominicano con el doble de los sobornos que distribuyó se piensa que bajo la actual gestión el Ministerio Público ha debido ser más diligente en las investigaciones. De comprobarse que el consorcio omitió los pagos ilícitos por unos 65 millones de dólares adicionales a 92 que admitió, entonces en lugar de 184 tendría que resarcir al país con más de 300 millones, que en esta ni en ninguna otra circunstancia es paja de coco.  En el pasado el desinterés tenía sus explicaciones. Pero la lentitud de ahora, a pesar de las aclaraciones de Espiñeira, plantea conjeturas.

Sobre los pagos ilícitos  como resultado de la sobrevaluación de obras cuesta entender que se ponga más interés en el archivo de ocho imputados del primer expediente que en las exclusiones evidenciadas en la investigación para proteger a altos cargos y legisladores del entonces partido en el poder.

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Luis Pérez Casanova

Luis Pérez Casanova