Dos abogados constitucionalistas adelantaron esta mañana que sin lugar a dudas la Ley de Extinción de Dominio es orgánica y debe ser conocida y aprobada por los legisladores teniendo en cuenta esa condición. También coinciden en que la pieza podría poner en riesgo el derecho de propiedad y la tenencia de bienes adquiridos de buena fe en República Dominicana.
Los especialistas Nassef Perdomo y Cristóbal Rodríguez coinciden además en que los principios en los que se sustenta la pieza indican que es una ley orgánica, no ordinaria, y que atañe directamente al artículo 112 de la Constitución que regula los derechos fundamentales.
Perdomo advierte que la Ley de Extinción de Dominio en manos de un futuro Ministerio Público corrupto sería una amenaza para la democracia dominicana.
Explica que en uno de sus artículos el proyecto de dicha ley señala que ésta tiene por objeto regular el proceso de extinción de dominio, establecer el procedimiento para ello, definir las competencias de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, y el procedimiento requerido para la declaración judicial a favor del Estado.
“Es decir, que esa ley regula el derecho al debido proceso en los procedimientos de extinción de dominio, cambia el régimen del derecho a la propiedad, crea facultades nuevas para los órganos del sistema de justicia, crea una jurisdicción nueva y crea un Ministerio Público Especializado. No hay forma de negar que se trata de una ley orgánica de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 constitucional”.
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Agregó que “tiene razón la Procuradora General de la República cuando dice que esta ley podría prestarse a actos de extorsión. Esa herramienta, en manos de un futuro Ministerio Público corrupto sería una grave amenaza para la democracia dominicana”.
Recordó igualmente que el artículo 110 de la Carta Magna prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes, a menos que favorezcan al afectado.
“Sin embargo, el artículo 4.2 del proyecto de Ley de Extinción de Dominio prevé claramente una aplicación retroactiva de ésta. En la actualidad ya existen herramientas jurídicas que permiten la recuperación de los bienes. El Estado ni puede, ni está en necesidad de violar la Constitución con una ley retroactiva”, opinó el constitucionalista.
La Ley de Extinción de Dominio persigue los bienes adquiridos de forma ilícita.
Cristóbal Rodríguez
Para Rodríguez la creación de una jurisdicción especializada establecida en el artículo 17 del referido proyecto de ley, implica una decisión de regulación de “la estructura y organización” de un poder del Estado (el Judicial) que, según el artículo 112 constitucional, es la segunda materia que convierte en orgánicas a las leyes que de ella se ocupan.
“Como se sabe, esto implica que la aprobación de esta pieza debe producirse con un régimen de mayoría de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada una de las cámaras legislativas”.
Expresó igualmente su preocupación sobre la preservación del derecho de propiedad y dijo que “es la quintaesencia del régimen económico organizado por la Constitución, sin el cual no se puede entender la orientación a la búsqueda del desarrollo humano”.
El especialista cita el artículo 217 de la Constitución, que versa sobre el desarrollo humano y el artículo 50, sobre la libertad de empresa, comercio e industria en República Dominicana.
Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral, el régimen económico financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa, las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.
