Con el pago de la deuda que reclaman contratistas del Ministerio de Educación, el presidente Luis Abinader ha hablado de un nudo jurídico que complica honrar el compromiso.
Ahora ha surgido otro problema con deudas públicas vencidas y no registradas con suplidores y contratistas por un monto superior a los 130 mil millones de pesos.
Los compromisos aumentan la inquietud que cunde en diferentes sectores sobre una deuda pública de por sí muy elevada para el país.
En un informe sobre el desempeño de la deuda reseñado por Hoy se establece que solo las entidades en proceso de liquidación o reestructuración adeudan más de 56 mil millones de pesos. Tal parece que se trata de una realidad con la que no contaban las autoridades, al menos en toda su dimensión.
De entrada es obvio que el Gobierno tiene primero que depurar cada uno de los compromisos, como se ha propuesto, para luego evaluar los montos y la forma de pago de la cuantiosa deuda.
La situación es muy delicada, sobre todo en un momento en que se tiene que hacer de tripas corazón para satisfacer las necesidades más perentorias de la población.
