Santo Domingo.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, pronunciará el sábado a las 11:00 de la mañana su decisión con relación a la medida de coerción a los imputados de la denominada operación Medusa donde está implicado el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La vista inició a las 10:00 de la mañana de este jueves y concluyó pasadas las 8:15 de la noche, donde el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto, Wilson Camacho, pidió 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
Camacho expresó que las pruebas que presentó el Ministerio Público “están blindadas” y por tanto ellos entienden que el tribunal enviará los imputados a prisión.
En la vista además de Rodríguez, están siendo procesados Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillen Calzado y Javier Alejandro Forteza acusados de corrupción lavado de activos, estafa, lavado de activos y asociación de malhechores.
Entre ellos, Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
Mientras los abogados del exprocurador negaron la versión de que se ellos hayan decidido la no oponerse a la transmisión televisiva del conocimiento del proceso de medida de coerción por iniciativa de su representado.
“Lo publicado en los medios de comunicación referente a la no transmisión pública de la audiencia coercitiva no corresponde con la realidad acontecida en la sala. Muy por el contrario, el señor Jean Alain Rodríguez, a quien representamos, ha sido el más interesado en que la ciudadanía conozca de primera mano todos detalles que acontecen dentro de la sala durante todo el proceso”, afirmó Gustavo Biaggi, abogado defensor.
De igual manera añadió, que -“La ley establece que todos los involucrados deben estar de acuerdo con dicha petición para la transmisión en vivo. Basta con que uno objete para que el tribunal prohíba la transmisión y decida que sea a puerta cerrada-”.
